RED LATINOAMERICANA

BOLIVIA VIABLE ARTICULOS  PLAN ALPACA DETRAS DE NACION CAMBA BOLIVIA PARA LOS BOLIVIANOS PLAN CAPRICORNIO RED LATINOAMERICANA CONOZCA OPINION SOBRE SEPARATISMO CORE BUSSINES DE BOLIVIA PLANIFICACION EN BOLIVIA GEOPOLITICA CHILE PRODUCE METANOL CON GAS BOLIVIANO MERCURIO CHILE CONSPIRA CONTRA BOLIVIA CONTACTESE COMENTARIOS Blog  SOLIDARIDAD PETROLEROS ARGENTINOS GEOPOLITICA ORIGEN DIVISIONISMO FOTOS HISTORICAS NO HAY POLITICA MARITIMA LA GUERRA DE LAS FALACIAS PARA DESTRUIR BOLIVIA BOLIVIA VIABLE 2007 GALERIA ANTIPATRIA REFLEXIONES DESCARGUE GRATIS INICIO DENUNCIA INVASION DIARIO POTOSI QUE HAY DE NUEVO ABI ARTICULOS AGUILAR BIENVENIDO SOLIDARIDAD MAPUCHES DATOS DEL SILOLI NOVEDADES Welcome To My Homepage NOTICIAS 2022 BOLIVIA VIABLE

CAMISEA

DECLARACION DE MACHU PICHU

 

 

RED LATINOAMERICANA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS RECURSOS NATURALES

 

 

 

 

Los miembros de la Red Latinoamericana En Defensa Del Patrimonio Y Los Recursos Naturales De América Latina, reunidos en el impresionante escenario de Machu Picchu, , a los 25 días del mes de noviembre de 2005, suscribimos la presente declaración:

 

 

AMERICA LATINA BENDECIDA POR DIOS CON SU RECURSOS NATURALES NO DISFRUTA DE LOS BENEFICIOS

 

Los pueblos de la América latina y del Caribe, habitan un territorio impresionante donde se cuenta con el  25% de los bosques y el 40% de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35% de la potencia hidroenergética mundial.

 

TENEMOS QUE TERMINAR CON LA ECONOMIA DE ENCLAVE EXPORTADOR

 

Sin embargo de la presencia de los recursos naturales, las economías de enclave exportador que conduce  a que vendamos a precios ínfimos las materias primas y compremos productos industrializados a precios altos, conduce a la incongruencia de postergar nuestro desarrollo, esta situación conduce a la agudización de factores externos e internos de la pobreza de nuestros pueblos, el desempleo, la falta de oportunidades y la perspectiva de un futuro complicado para los pueblos de la región, que conduce a la emigración, el trabajo semi esclavo en otros países y el deterioro de nuestro capital social.

 

NUESTROS PUEBLOS NO PUEDEN SOPORTAR VIVIR SIN DIGNIDAD

 

Nuestros pueblos no pueden soportar más la situación de vivir en territorios ricos, en la más extrema pobreza, sin empleo, sin oportunidades.

 

Como expresión de este modelo de economía de enclave, se ha configurado el modelo oligárquico de gobiernos que se suceden en el prebendalismo, la corrupción, la falta de visión estratégica del desarrollo nacional y la subordinación a factores externos.

 

Las empresa multinacionales no pueden continuar sometiendo a los pueblos y estados a dinámicas que van en contra de la lógica más elemental y en contra de sus propias vidas, convirtiendo a la región en exportadora neta de capitales, mientras que los pueblos pierden sus sueños y sus ilusiones por falta de empleo permanente y productivo.

 

DESINDUSTRIALIZACIÓN FUENTE DE DESEMPLEO

 

La des industrialización, pobreza y desempleo de nuestros países y pueblos es el resultado de estos tres factores externos e internos, por lo cual la Red Latinoamericana ha decidido sumar esfuerzos para crear una conciencia de que “Latinoamérica debe ser para los Latinoamericanos”, aprovechando racional y sosteniblemente los recursos naturales, preservando el derecho al desarrollo humano sostenible de los pueblos, la soberanía de los Estados, que no puede ser cooperativa o compartida, sino coasociada en lo interno y solidaria en lo internacional.

 

Consideramos que la industrialización de las materias primas es el eje central de la dinámica del desarrollo de nuestros países, proceso que contribuya a la generación de empleo productivo, oportunidades, considerando los factores del desarrollo global, las nuevas dinámicas de las relaciones internacionales y la realidad de los profundos cambios que sufre

 

Como Red de ciudadanos latinoamericanos con profundos sentimientos patrióticos, recuperamos también los sueños de Bolívar, Sucre, San Martín y del Mariscal Andrés de Santa Cruz

 

PRINCIPIOS DE LA RED LATINOAMERICANA

 

1.- Dios en su voluntad soberana ha provisto a la región Latinoamericana de recursos naturales que son de propiedad inalienable e imprescriptible de los latinoamericanos

2.- Que los recursos naturales son de propiedad de directa, Inalienable e imprescriptible de los Estados Nacionales

3.- Que los pueblos tienen el legítimo derecho a disfrutar de los beneficios de los recursos

4.-  Que los pueblos latinoamericanos tienen el derecho de promover la industrialización

5.- Que las regiones productoras deben beneficiarse de los recursos naturales

6.- Que ningún contrato o convenio internacional debe vulnerar el derecho de los pueblos al pleno desarrollo humano sostenible

7.- Que los gobiernos como administradores del Estado no deben comprometer el futuro de los pueblos

8.- Que los derechos humanos al trabajo, a la vida a un futuro son el eje mediante el cual se deben desarrollar las políticas de aprovechamiento integral de los recursos naturales

9.- Que la soberanía de los pueblos reside en la voluntad soberana de Dios, proveyéndonos de los medios y recursos para una vida digna

10.- Que la voluntad soberana de los pueblos debe ser respetada, en el derecho a decidir democráticamente y participativamente su propio destino

11.- Que cada estado nacional debe dotarse de políticas de estado que contribuyan al pleno desarrollo sostenible de sus poblaciones y regiones, antes que privilegiar el mercado externo

12.- Que se debe dar el máximo valor agregado a los recursos naturales, así como preservación su disponibilidad y existencia para las generaciones futuras

 

 

DERECHO PROPIETARIO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

 

1. Que, la propiedad de los recursos naturales es un derecho inalienable, imprescriptible y directo de los pueblos latinoamericanos, que se expresa en el derecho propietario, en el usufructo y disfrute para los pueblos

2.Que, ningún convenio internacional , contrato nacional, cualquiera sea su ámbito y jurisdicción, puede vulnerar el derecho de propiedad y su ejercicio pleno por parte de los pueblos

3. Que el derecho propietario debe ejercitarse mediante la administración directa de los recursos naturales por entes autárquicos nacionales, en especial el gas y el petróleo, por ser recursos no renovables, finitos y de enorme impacto en la soberanía y seguridad energética.

4. Que el derecho propietario  debe ejercerse en procura de la soberanía, integridad y seguridad de los estados nacionales y sus pueblos.

5.Que el ejercicio pleno de la soberanía en el plano de la propiedad de los hidrocarburos implica priorizar los mercados internos, la soberanía y seguridad energética y el abastecimiento prioritario del mercado interno

6.Que la convención de las  Naciones Unidas establece EL DERECHO DE LOS PUEBLOS a la nacionalización de los RECURSOS NATURALES, determina el derecho de los pueblos a la nacionalización

7. Que los contratos o convenios que violan las Constituciones, los derechos de los pueblos y las leyes deben ser modificadas, revisados en su caso anulados

8.Que los principios de soberanía estatal, ejercicio pleno del derecho propietario de los estados a favor de los pueblos es inalienable, imprescriptible y tiene que ser ejercido en forma directa

9.Que el derecho propietario de los pueblos, tiene que ser ejercido en forma directa, por entes nacionales y estatales

10.Que los pueblos como legítimos propietarios debemos disfrutar de los beneficios, aprovechar sustentablemente los RRNN y promover su uso en función del desarrollo humano sostenible

11.Que los estados no pueden subordinar los derechos de los pueblos a la voracidad de las multinacionales o de intereses hegemónicos en la región como es el caso chileno

12.Que no se puede limitar los derechos de los estados soberanos a los intereses y afán de lucro de las empresas, que despojan a los pueblos

13.Que no se puede postergar el derecho a un mejor futuro, a una vida digna para los latinoamericanos arrebatando el derecho propietario, haciéndonos vivir como inquilinos en nuestra propia tierra

14.Que el ejercicio pleno del derecho propietario debe redundar en la explotación sustentable, la generación de excedentes a favor de los pueblos, y la generación de valor agregado, antes que simple exportación de materias primas en bruto

 

LOS RECURSOS NATURALES DEBEN BENEFICIAR A LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA

 

1.                                           Los latinoamericanos vivimos en un continente lleno de recursos naturales, que sufrimos crónicamente el despojo de los mismos, sin que ello repercuta en una mejor calidad de vida

2.                                           El pasado de los latinoamericanos ha estado signado por las economías de enclave exportador, la monoproducción de materias primas y la dependencia de los shocks externos que afligen a nuestras economías

3.                                           Se no ha tratado de mostrar que la simple apertura de los mercados y economías más liberales acompañadas de reformas de 1 y 2 generación reducirían el hambre y pobreza, sin embargo casi dos décadas de ajustes estructurales, en el marco del Consenso de Washington han demostrado que son fuentes generadoras de mayor pobreza, desempleo y carencia de ingresos para nuestros pueblos

4.                                           Las economías de enclave han estado acompañadas de modelos oligárquicos de familias que gobiernan contrariamente al interés nacional y de los pueblos

5.                                           Que está situación se ve empeorada por los interés hegemonistas de gobiernos como el de Chile que acentúa una carrera armamentista, generando un desequilibrio y una voracidad geopolítica hacia los recursos naturales de Bolivia y de  que afectan la paz y tranquilidad de la región

6.                                           Que la simple exportación de materias primas , con precios baratos fijados por las bolsas internacionales afectan la vida de los pueblos

 

 

7.                                           Que, los ciudadanos latinoamericanos tenemos que pagar los precios más altos por nuestros productos, mientras que las transnacionales transfieren capitales y excedentes económicos a sus matrices, dejando un pasivo ambiental y una deuda social que no quiere ser asumida por los gobiernos y las multinacionales.

8.                                           Que de persistir este modelo los niveles de pobreza seguirán afligiendo a decenas de millones de latinoamericanos, quienes seguirán sin trabajo, sin derecho a un mejor futuro

9.                                           Que existe una desproporción y asimetría entre lo que vendemos a preciso bajos y compramos a precios baratos, que sumados a los bajos o inexistentes ingresos contribuyen a debilitar la vida de los pueblos

10.                                       Desde Machu Picchu reclamamos al mundo que los pobladores de las naciones latinoamericanas, somos seres humanos con los mismos derechos de empleo, salud, educación, vivienda dignos

11.                                       Que solo será posible, si es que cambiamos de patrones de acumulación, basados en la panacea de la apertura de mercados y des - industrialización de las naciones

12.                                       Que las acciones militaristas que auspicia Chile para destruir a Bolivia como nación, no corresponden a las reglas de integración convivencia pacifica y armónica que los pueblos de Latinoamérica aspiramos

13.                                       Que los pueblos, creados a la imagen de Dios, tenemos derechos a la vida digna, que no podemos seguir soportando la presión de la petroleras, multinacionales y organismos internacionales para “luchar contra la pobreza eliminando a los pobres”, trasfiriendo excedentes e incumpliendo las leyes de los países

14.                                       Que la única opción es la perseverancia para la nacionalización, recuperación sin compensación, como derecho inalienable de los pueblos para el pleno ejercicio de la propiedad como un don de Dios de las riquezas que el nos ha bendecido

15.                                       Que los Estados y los gobiernos deben responder al clamor de los pueblos de pensar primero en sus ciudadanos antes que pensar en otorgar “garantías jurídicas” a los que nos despojan del derecho propietario

16.                                       Las oligarquías de los países deben pensar seriamente que los pueblos están cansados de la mentira, el despojo aún de las ilusiones y los sueños

17.                                       Que la crisis de los sistemas políticos, partidarios y gubernamentales reflejan la situación insostenible del modelo del despojo y el sometimiento a condiciones infrahumanas, acentuadas por corrientes militaristas de Chile

18.                                       Que de persistir los absurdos de plantear “anillos energéticos” que despojen a los países del gas natural en beneficio de las corrientes hegemonistas de la región

19.                                       Que la viabilidad técnica, financiera del llamado anillo energético, está subordinado a las reservas de gas , y que estas se encuentran en Perú y Bolivia principalmente, que sin embargo pretenden ser despojados a través de por parte de Chile, construyendo escenarios irreales para mostrar a Bolivia como inviable, promoviendo el secesionismo

 

PRESERVAR LA SOBERANÍA Y AL SEGURIDAD ENERGÉTICA DE LOS ESTADOS

 

1.                                           El gas y el petróleo como factores de poder nacional, deben contribuir primero a la soberanía y la seguridad energética de los Estados nacionales

2.                                           Que el cenit de gas y del petróleo no puede dejar a los pueblos y los estados subordinados a mercados externos, cuando la demanda interna, las necesidades de los pueblos deben priorizarse

3.                                           Que los esfuerzos nacionales deben orientarse hacia la industrialización, el valor agregado y la generación de empleo permanente y productivo

4.                                           Que la soberanía energética implica que los estados deben determinar el derecho propietario, el ejercicio de la explotación, exploración, comercialización e industrialización de las materias primas

5.                                           Que el concepto de la soberanía cooperativa, no corresponde al grado del desarrollo tecnológico, económico y social de la humanidad, ya que asume que nuestros pueblos son subhumanos, que no podemos gobernarnos por nosotros mismos y que por ende otros deben administrar nuestros recursos cooperativamente

 

INTEGRARSE A LA RED

 

Convocamos a los pueblos latinoamericanos a sumarse al esfuerzo de patriotas, científicos, académicos, profesionales, trabajadores, campesinos, amas de casa y estudiantes, contando con la solidaridad de amigos de Europa y de los Estados Unidos, que hemos decidido promover una conciencia Latinoamérica de un uso más racional de los recursos naturales, su industrialización antes que la explotación y exportación irracional que conduce a continuos shocks de precios de las materias primas, a la descalificación de nuestro capital humano.

 

No somos un espacio partidario, sino ciudadano, cívico y patriótico, por lo que nos hemos conformado en una red latinoamericana para estimular que nuestros gobiernos vuelvan a la cordura y no continué el despojo de nuestros países, sin beneficio para los pueblos, nos inspira el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, Martín Luther King, Mahatma Ghandi, de perseverar en la demanda de un orden más justo y humano internacional y en el reconocimiento de que los latinoamericanos no podemos continuar sirviendo como objeto de curiosidad turística y guardianes de la biodiversidad, los minerales, el petróleo y el gas para que en el momentote alza de precios, la multinacionales nos despojen y nos dejen

 

SOLIDARIDAD CON LOS PETROLEROS ARGENTINOS: YPF VUELVE

 

Los Pueblos de Bolivia y Perú, expresan su sincera solidaridad con la lucha de los Petroleros Argentinos despojados por la REPSOL YPF de su derecho propietario y su paquete accionario, así como rechazan las maniobras de prescripción, argucias legales para frenar la recuperación del patrimonio que por Ley les pertenece a los petroleros argentinos.

 

La  Red apoya firmemente la valerosa lucha de los Petroleros de Argentina, así como la valiente actitud de la Dra. Alejandra Dibos, en la recuperación del patrimonio de los trabajadores.

 

Reconocemos el enorme avance desarrollado en esta lucha, por reconstruir la capacidad de producción petrolera de Argentina en manos de sus trabajadores, consideramos que a medida que se desmonte el aparato ilegal, YPF Argentina volverá, al servicio de nuestra hermana Republica y de los descamisados y despojados.

 

Argentina es más grande que las presiones petroleras por mantener una privatización, que despoja al pueblo argentino del derecho propietario y genera un problema de seguridad energética y debilitamiento de su poder nacional, entregando a Chile sus escasas reservas, o sirviendo de puente del gas Boliviano, sin que ambas naciones se beneficien de los enormes recursos hidrocaburíferos.

 

SOLIDARIDAD CON LOS CAMPESINOS PARAGUAYOS

 

La red latinoamericana expresa su preocupación por la situación de la Hermana Republica de Paraguay, especialmente de los pobres y campesinos despojados:

 

Según las centrales campesinas Paraguayas  el Gobierno no hace reforma agraria, sino "contrarreforma agraria", al defender la producción de soja transgénica que declara "una guerra química" al campo, con la utilización de 40 millones de litros de glifosato por año. Estas organizaciones advirtieron que esta situación está generando el desplazamiento de un millón trescientos mil campesinos que hoy no tienen cómo sobrevivir. Asimismo, remarcaron la falta de voluntad del Gobierno de Nicanor Duarte Frutos para de recuperar las tierras ociosas y denunciaron la creciente criminalización de la protesta. Finalmente, las organizaciones campesinas afirmaron que el latifundio está creciendo a causa de la expulsión forzosa de de pequeños productores y de comunidades indígenas y la creciente extranjerización de la tierra. Nuestra solidaridad con el pueblo paraguayo

 

ANILLO O HORCA ENERGETICA

 

Se pretende despojar a Bolivia y Perú, sus recursos hidro carburiferos, sin que repercuta en beneficio de su población y de las futuras generaciones, el falsamente llamado anillo energético, en realidad constituye la expresión del despojo del gas de Camisea y de Bolivia para abastecer a la demanda del mercado chileno, sin que repercuta en el desarrollo productivo de los Pueblos.

 

Por ello rechazamos la pretensión de la, SUEZ TRACTABEL que pretende liderar un supuesto anillo energético para beneficiar la demanda de norte chileno, y la industrialización de gas en territorio chileno, en realidad este absurdo proyecto que no tiene bases técnicas, constituye una verdadera horca para nuestros pueblos.

 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MAPUCHE

 

Los propietarios del territorio que hoy es Chile están despojados de su riqueza, un verdadero futuro y aún privados de la palabra, la libertad y la dignidad, por ello expresamos nuestra solidaridad con el pueblo Mapuche de Chile, con los pobres y los despojados del gran capital. Exigimos la libertad de los dirigentes Mapuches injustamente detenidos.

 

LLAMADO A INTEGRAR LA RED

 

Convocamos a las fuerzas sociales, intelectuales, científicos, trabajadores y campesinos a sumarse a los esfuerzos de RED LATINOAMERICANA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS RECURSOS NATURALES, conformando redes en cada uno de los países.

 

 

 

Dirigirse a:

Mail: aguilar_anibal@yahoo.com

Celular 591 76252045

La Paz Bolivia

ANIBAL AGUILAR ENTREVISTA VOCERO MERCOSUR

El gas boliviano "cumplió tres meses"

Una decisión estratégica de Evo Morales

Por Fabián Viegas Barriga | Desde la Redacción de APM

Hace 90 días, fueron nacionalizados los hidrocarburos. Quieren industrializar los recursos pero las petroleras, la derecha vernácula y capitales chilenos buscan la secesión de Santa Cruz de la Sierra.

Bolivia exporta a Brasil 120 millones de dólares en gas barato e importa 160 millones en diesel de Argentina y Chile, a precios superiores. Una de las claves para el programa de desarrollo que se propone el presidente Evo Morales dependerá entonces de una nueva matriz de integración con solidaridad entre los países de la región. Brasil, Argentina y Chile tienen la palabra, pero las grandes corporaciones, la derecha de la zona oriental y capitales chilenos apuestan al separatismo de la rica Santa Cruz de la Sierra.

El primero de mayo de este año, Morales reestatizó el manejo de sus riquezas hidrocarburíferas, que desde 1997 estaban en manos de empresas de origen extranjero.

Las multinacionales involucradas fueron Repsol-YPF (España), Chaco (British Gas, British Petroleum y Bridas de Argentina), Transredes (Shell-Enron), Petrobras (Brasil y Repsol YPF), la franco belga Total Fina Elf y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana. También tienen inversiones las estadounidenses Panamerican Energy y Exxon Mobil, la argentina Pluspetrol, la Canadian Energy y la coreana Dong Wong.

La medida no significó una nacionalización total de estas empresas, sino que el Estado boliviano pasó a controlar el 51 por ciento de las acciones de las mismas y la producción en boca de pozo. Los “Contratos de Riesgo Compartido” (CRC), que permitieron el régimen anterior, fueron firmados en 1997 gracias al decreto 24.806 del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien reglamentó la ley 1689 en 1996.

El actual vicepresidente Álvaro García Linera advirtió que con las decisiones del 1 de mayo pasado, el gobierno de Morales no nacionalizó todas las empresas, sino que aumentaría la participación de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) en sectores estratégicos. “El gas y el petróleo suponen ahora entre el 20 y 22 por ciento del PIB, pero en tres años supondrá el 35 por ciento".

La llamada Guerra del Gas, comenzó en octubre 2003 cuando el pueblo boliviano obligó a Sánchez de Lozada a dimitir por haber dejado en manos de las transnacionales el patrimonio energético y empobrecer a Bolivia. Luego asumió su vicepresidente Carlos Mesa, quién en junio de 2005 reformó la legislación de los recursos hidrocarburíferos, con la ley 3058.

Los 76 “Contratos de Riesgo Compartido” habían sido analizados en 2003 por el Tribunal Constitucional que refrendó el decreto de Lozada, pero en abril de 2005 advirtió que la Constitución Política del Estado (CPE) demandaba que los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales debían ser aprobados por el poder legislativo, cosa que no había ocurrido.

El fallo del Tribunal del 7 de abril de 2005, determinó en momentos del cuestionado gobierno de Carlos Mesa, la necesidad de una nueva ley que suplantara la anterior 1689. Así se creó la 3058, en medio de manifestaciones y protestas sociales.

El decreto 28.701 firmado por Evo Morales, reglamentó que el Estado asuma la propiedad de sus acciones en las empresas y la nacionalización de las acciones en manos de las empresas privadas. De esta manera dictaminó que las empresas que obtuvieran más de 100 millones de pies cúbicos de gas, obtendrían el 18 por ciento de las regalías y los que extraigan menos paguen un impuesto del 32 por ciento.

Para efectivizar la medida, Morales utilizó al ejército boliviano, como medida de control de las bocas de pozo. Los militares, además, ocuparon 56 gasolineras en todo el país. Los campos San Alberto y Sabalo, desde donde se exporta el 70 por ciento del gas boliviano y que eran operados por Petrobras, están ahora obligados a entregar el 82 por ciento de su producción a YPFB, lo que permitirá generar para el Estado boliviano 300 millones de dólares adicionales en el 2007. Se especula que las ganancias de todo el circuito de producción del gas rondaría en los 3.500 millones de dólares.

Si bien el decreto busca una mayor participación del Estado en las ganancias, el decreto 28.701 fue en parte discutido por algunos analistas. Aníbal Aguilar Gómez, integrante de la RED Gas para Bolivia, advirtió que el decreto, al igual que la ley 3058, obliga a legalizar los contratos en 180 días. Esta medida puede trasformarse entonces en una contradicción porque se estaría blanqueando 10 años de contratos inconstitucionales.

Hasta el momento no existen datos claros acerca de las cantidades de gas en el subsuelo boliviano. Las especulaciones han variado constantemente a merced de las necesidades de las empresas auditoras, generalmente asociadas a las empresas explotadoras. Como advirtió el ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz, cuando anunció nuevas auditorías el 18 de julio pasado, las cifras han variado como chicles, “Estas reservas crecen cuando están en poder de las compañías y se achican cuando el Estado nacional las recupera”, ironizó.

En las declaraciones posteriores a la firma del decreto de nacionalización, el gobierno habló de reservas gasíferas estipuladas en 150 mil millones de dólares, cifra basada en 27 TCF (Trillones de Pies Cúbicos).

Los dos problemas más grandes con los que se encontrará el crecimiento boliviano, según trabajos de investigación de la RED, son los compromisos adoptados con los países vecinos. Concretamente se acordó en su momento exportar 9,2 TCF´s a Brasil, 6 TCF´s a la Argentina, 4 TCF´s a Chile, 2 TFC´s a Uruguay. México importaría 8 TCF´s de gas boliviano. Esto suma 29,2 TCF´s, lo cual sería difícil de cumplir con las reservas probadas.

Los compromisos de exportación hundirían a Bolivia en un sumidero energético, explica Aguilar, que obligaría al país a mantenerse como simple exportador de materias primas, con recursos que alcanzarían para 12 años.

Sólo el 10 por ciento de los trabajadores de Bolivia son absorbidos por las empresas de hidrocarburos, en las de comunicaciones y el circuito financiero; el 20 por ciento se mantiene en el sector manufacturero y el 70 por ciento sobrevive en sectores informales. Ocho de cada diez bolivianos son pobres.

En Bolivia, según denunció la RED, 3 millones de sus habitantes se calefaccionan con leña, bosta, yareta y hasta guano, mientras los habitantes de los países vecinos utilizan gas natural en sus autos y casas.

Para que se industrialice el país, o al menos para que el sector agrario absorba mano de obra, se debería modificar el círculo vicioso de venta de gas barato al extranjero y compra de diesel caro, destacaba la RED hace un año.

“Nuestra matriz energética es absurda –comentaba Aguilar-, exportamos gas barato, compramos diesel caro, producimos electricidad con diesel importado y nuestra agro industria se limita por la falta de diesel, transfiriendo divisas por compra de combustible, carburantes y materias primas derivadas del gas. Exportamos 120 millones a Brasil en gas barato e importamos 160 millones de diesel de Argentina y Chile, a precios muy superiores".

Hoy Bolivia exporta el gas a 6,5 dólares el BTU a la Argentina, teniendo en cuenta que luego ésta lo vende a Chile a 8,5 dólares. La intención del Estado boliviano es que el resto de los países concuerden en el mismo precio.

Anteriormente, Bolivia nacionalizó el petróleo en dos oportunidades: en 1937 y 1969. En la primera, el gobierno de Tejada Sorzano inició, en 1935, un proceso administrativo contra la Standard Oil, como consecuencia lógica del desconocimiento de la ley de que hacía gala esa empresa. Este hecho rompió el poder simbólico de la corporación, según remarca Mirko Orgaz García, autor del libro "La guerra del gas y nacionalización del petróleo", pues era la primera expropiación que tocó al trust perteneciente al grupo Rockefeller, siendo la mayor empresa petrolera del mundo.

Según cuenta Sergio Almaráz, autor de “Petróleo en Bolivia” (1958), La Standard Oil había logrado, a base de sobornos y un enorme conglomerado de abogados y técnicos rapaces, el contrato Richmond Levering (testaferro de la empresa), que en 1916 le adjudicaba 3 millones de hectáreas en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, con una mínima inversión y sin casi control sobre las cantidades extraídas. Para 1926 la Standard Oil era dueña de 7 millones de hectáreas en Bolivia.

A las defraudaciones en impuestos y al contrabando de petróleo hacia Argentina, por un oleoducto clandestino, se sumó que, durante la guerra del Chaco, la Standard Oil cumplió un papel contrario al Estado boliviano. Almaráz explica que la Standard Oil fomentó, junto a Estados Unidos, la guerra contra el Paraguay, y que durante ella benefició al ejército paraguayo con el petróleo boliviano, mientras que éste último tuvo serias deficiencias bélicas debido a la falta de combustible.

Tejada Sorzano creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en 1935 y un año más tarde nacionalizó el petróleo. Los jerarcas del trust desencadenaron en Estados Unidos y el mundo una campaña de calumnias y falsedades contra el Estado boliviano. El Departamento de Estado estadounidense, durante el gobierno de F. Delano Roosevelt, ejerció una gran presión sobre Bolivia, que negoció una indemnización. El país sudamericano pagó entonces 1.700.000 dólares para recuperar sus recursos expropiados.

Según Fernando Guaracha, citado por Almaráz, la defraudación total de la Standard Oil se debía calcular en 85 millones de dólares, sumados a los 35 que Bolivia gastó comprando combustible durante los años 1925 a 1933.

La tesis de la nacionalización plasmó su continuidad histórica en los gobiernos de Toro, Busch y Villarroel, continuidad que se interrumpió en 1950 y se rompió definitivamente en 1955 con la aplicación del Código Davenport, elaborado a la medida de las empresas estadounidenses.

En la década del ´50 se posibilitó el ingreso de la Gulf Oil Company. Durante los años 1961-62 esta compañía había descubierto los pozos petrolíferos de Caranda, Colpa y Río Grande. La Gulf exigó condiciones absolutas al gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para adjudicarse el derecho de propiedad sobre el gas y los oleoductos.

El golpe de estado del general René Barrientos aseguró la propiedad a la concesionaria, iniciando la aplicación del "Sistema Mayo". Fue el plan que contempló la entrega total de los recursos naturales del país. Este proceso desnacionalizador de la política y de la economía terminó el 17 de octubre de 1969, cuando el gobierno del general Ovando decretó el fin de las concesiones a la Gulf y nacionalizó todos sus bienes.

Ovando recuperó para el país el 90 por ciento de las reservas de gas que estaban en manos de la Gulf. A pesar de los 78 millones de dólares que costó la indemnización y los subsiguientes bloqueos financieros a la economía nacional, el país terminó ganando 3.600 millones de dólares en reservas hidrocarburíferas.

En el período 1993–97, el Estado boliviano vivió un proceso de desnacionalización de sus hidrocarburos, gracias a las leyes de Capitalización y de Hidrocarburos, ejecutada por el gobierno de Sánchez de Lozada. El objetivo de estas dos leyes fue el desmembramiento de la principal empresa estatal petrolera YPFB, provocando el vaciamiento del Estado y el traspaso de las regalías hidrocarburíferas a las empresas transnacionales.

Cuando el Tribunal Constitucional declaró los 76 Contratos de Riesgo Compartido (CRC) no válidos, buscaba una salida legítima ante la presión política generada en la calle por las organizaciones sociales y en el Congreso por el partido de Evo Morales (MAS).

Las protestas reclamaban la inconstitucionalidad del decreto 24.806 de 1997. Un año antes, el Tribunal había declarado que el decreto era constitucional, pero esta vez, el 7 de abril del 2005, explicó que el artículo 59 de la Constitución Política del Estado ordenaba que “son atribuciones del Poder Legislativo autorizar y aprobar los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales”, por lo cual no estaban completados los pasos de legitimación de los contratos.

En junio de 2005 el gobierno de Carlos Mesa promulgó la ley 3058. El propio Jorge Alvarado, actual presidente interino de YPFB, dijo que los decretos 28.701 y el 28.711 firmados por el actual gobierno, se habían basado en la ley de Hidrocarburos de Mesa, ha excepción de la creación de impuestos transitorios y la compra del 3 por ciento de acciones en dos empresas petroleras y del 17 por ciento en la de transportes.

Andrés Solíz aseguró que el principal aporte del decreto “Héroes del Chaco”, como se denominó al firmado el 15 de mayo último, reside en el aumento fiscal en los megacampos de hidrocarburos. El decreto ampliatorio del 28.701 apuntó a la recuperación de las acciones de las Empresas Capitalizadas.

En su artículo 6, el decreto 28.711 dispone que las Empresas Capitalizadas “deben entregar las acciones a YPFB del Fondo de Capitalización Colectiva”. El artículo 3 directamente ordena, vía las Administradoras de Fondo de Pensiones (BBVA Previsión AFP S.A. y Futuro de Bolivia S.A. AFP), la transferencia de las acciones de las Empresas Capitalizadas Andina S.A., Transredes S.A., y Chaco S.A. a YPFB.

Dos meses más tarde, el ministro apuntó a las auditorias: El 18 de julio declaró que se haría una revisión en 56 campos petroleros a nueve empresas. Para tal fin el Estado dispuso de 5,2 millones de dólares. La medida esta destinada a conocer la realidad de las reservas hidrocarburíferas del subsuelo boliviano, ya que los números de las consultoras fueron “chicles” a disponibilidad de los intereses de las empresas.

Según Soliz, en mayo de 2006 la consultora estadounidense De Golyer and MacNaughton informó que el volumen de los yacimientos probados de gas boliviano había disminuido de 26 a 18 millones de pies cúbicos, durante el período de capitalización. Esa notificación afectó casualmente al 33 por ciento perteneciente al Estado Boliviano.

Las nuevas auditorías apuntan también a confirmar la veracidad de las declaraciones de los operadores, sobre las cantidades exportadas entre 1996 y 2005, sobre las cuales pagaron 18 por ciento de regalías; si hubo o no contrabando, y cuál fue el nivel y las condiciones de explotación de los campos.

Las auditorias realizadas por el Estado buscarían incluso investigar el nivel de inversión real de las empresas durante el período de los CRC. En 1996 las principales compañías se habían comprometido a invertir 3.500 millones de dólares. En julio de 2005, el presidente de Repsol YPF en Bolivia, Julio Gavito, declaró que su compañía emplearía 693 millones de euros hasta 2009 para mejorar las instalaciones capitalizadas.

Para el momento de la nacionalización, la privada Repsol YPF poseía derechos sobre 38 bloques: 13 bloques de exploración, con una superficie neta total de 13.670 kilómetros cuadrados y 25 bloques de explotación con un área total neta de 1.770 kilómetros cuadrados.

La empresa obtenía grandes beneficio gracias a la obtención de los costos de producción petrolera más bajos del mundo, sin contar con los de la empresa Niko Resources, que tiene el récord a 0, 87 dólares y la Amoco, que extrae petróleo de Bolivia a 0,97 dólares. Para Repsol YPF, extraer petróleo de Bolivia y exportarlo, tenía un costo de 1 dólar por barril. El promedio latinoamericano de búsqueda y desarrollo de un barril de petróleo es de 5,66 dólares por barril.

Por ejemplo, la producción neta del año 2002 fue, según información empresarial, de 6,9 millones de barriles de petróleo, incluyendo condensados y líquidos separados del gas natural, y 88,5 billones de gas natural, fundamentalmente de los campos operados por Andina y del Bloque Mamoré. En el último quinquenio (1998-2002), Repsol YPF pagó 4,3 millones de dólares como promedio anual en regalías, mientras que Amoco pagó 5,2 millones de dólares.

Jorge Alvarado aseguró que dispone de documentos que atribuirían a Repsol YPF, a través de su filial Andina, el presunto delito de contrabando de 160.211 barriles. La empresa, a través de Andina, sustrajo 126.617 barriles de gasolina, exportados sin la documentación apropiada por al frontera de Yacuiba (Argentina). Además, habría contrabandeado otros 33.594 barriles por el puerto chileno de Arica. "El valor de estas cantidades presuntamente exportadas sin los permisos correspondientes ascendería a unos 6.4 millones de dólares ", dijo el dirigente del MAS.

Repsol YPF también está denunciada en un informe elaborado por la Asamblea del Pueblo Guaraní Itica Guasu. La multinacional tenía concesiones en 16 territorios indígenas y 7 áreas protegidas, donde fueron realizados los monitoreos entre las comunidades de las TCO (Tierra Comunitaria de Origen) y el Programa de Vigilancia Social de las Industrias, durante junio y agosto de 2005.

El informe, amparado en la ley 3058, que destaca los derechos indígenas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se centra en las operaciones de Repsol YPF en la TCO de Itika Guasu (provincia O’ Connor del departamento de Tarija), donde se desarrollan las operaciones del Campo Margarita, pertenecientes al Bloque Kaipipendi; en la la TCO Tentayapi, ubicada en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, y las del área protegida Parque Nacional y Área Natural y Manejo Integrado PN - ANMI Serranías de Aguaragüe, en la provincia Gran Chaco, del departamento de Tarija.

Se pudo constatar que dichas operaciones provocaban impactos negativos tanto a nivel ambiental, social, cultural y económico. También que a partir de la evaluación de los recursos y logística de Repsol YPF en la región, la empresa no podría mitigar, evitar, prevenir o restaurar tales impactos. “Esto - destaca el informe en su conclusión - está ocasionando que su presencia en las TOC´s sean de un alto impacto cultural, semejante al etnocidio”.

Los sectores de la intelectualidad boliviana, ahora cercanos al gobierno boliviano, como la RED Gas para Bolivia, auguraban la necesidad imperante de industrializar los hidrocarburos para salir de la crisis económica. Con porcentajes de desocupación de hasta 71 por ciento en las ciudades y 82 por ciento en el campo, el pueblo boliviano no cubría (ni lo hace aún hoy) sus necesidades básicas. Los planes de industrialización analizados pusieron en relieve la necesidad de negociar una salida al mar con Chile, para concretar la manufactura de los recursos del subsuelo.

Sin ser un pedido formal, algunos sectores chilenos analizan positivamente la posibilidad de ceder una franja de su territorio a cambio de compensaciones económicas. Así lo advirtió en su momento la agencia Bolpress, cuando Evo Morales, en su visita a la asunción de la presidenta Michelle Bachelet, fue aplaudido en un estadio de Chile al grito de “¡Mar para Bolivia!”.

Contrario al pueblo boliviano surgen los nombres “Nación Aymara”, “Nación Camba”, “La Media Luna”, partidos políticos o agrupaciones denunciadas por el periodista Wilson García Mérida y los analistas Anibal Jeréz y Anibal Aguilar Gómes de instigar el separatismo de la provincia de Santa Cruz y de estar vinculados a grupos neonazis de origen croata.

Durante la llamada Agenda de Ocubre, por las revueltas populares de octubre de 2005, la burguesía santacruceña intentó generar un “Referéndum Autonómico”, desatando una gran ola separatista. El objetivo de estos grupos sería lograr al vuelta del ex presidente “Tuto” Quiroga, quien luego de su partida trabajó para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Estados Unidos, y emancipar la zona más rica de Bolivia para exportar el gas, principalmente a Chile.

Entre los grupos económicos de origen croata que financiarían el separatismo, se encontrarían Andrés Petricevic, dueño del Banco de la Unión, del que Petricevic es socio principal, junto a los inversores chilenos Julián Adolfo Seco y Jorge Valdez.

Otro grupo sería la familia Lucksic, principal accionista de Gas Atacama, dueña del banco Nacional de Chile y del Tren del Norte chileno. Actualmente los Lucksic están asociados, través de Gas Atacama, con la Suez Tractavel de Francia. Se dedican a la compra de energía a la Argentina para venderla a Chile, con una ganancia de 4 a 5 mil millones de dólares por año.

Como analiza Anibal Jeréz, del semanario Pulso, el separatismo cruceño se ha corporativizado a través de organizaciones empresariales como CAINCO y la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), así como del Comité Cívico Pro-Santa Cruz y logias como “Nación Camba”.

Las cabezas visibles de estas entidades son los empresarios Branco Marincovic, Ruben Costas, Oscar Serrate, Rafael Paz, Oscar Ortiz y los hermanos Dabdoud: éstos, dice Jeréz, reciben estipendios de las compañías petroleras en calidad de miembros de sus directorios o son socios de capitalistas chilenos en diversos rubros de exportación.

Las denuncias contra el separatismo realizadas por la RED Boliviana, remarcan las intenciones de formar un “Anillo Energético” para explotar los recursos naturales de Bolivia, Perú y Argentina. Las empresas denunciadas de orquestar la explotación desmesurada de los recursos son Gas Atacama, Repsol YPF, Total Fina y Suez Tractavel. Esta última fue denunciada por intentar cobrar indemnizaciones millonarias a Bolivia y Argentina para financiar dicho anillo energético

INTEGRATE A LA RED

Getting Rich Quick--From My Site!

Behind the Scenes of My Home Page